Medellín no es ajeno a la problemática del manejo de residuos sólidos.
Tras la llegada de la violencia en la década del 50, también llega el desalojo involuntario de muchos campesinos ajenos a ella, pero que aceptan este desplazamiento para proteger a su familia. De allí que Medellín se convierte en albergue de muchos de ellos y ante la falta de preparación de la ciudad (empleo, oportunidades laborales, vivienda, educación y salud) la opción más cercana es la recuperación de residuos sólidos, además de que no es necesario disponer de un capital para realizar esta labor.
Hoy Medellín cuenta con 4800 personas que se dedican a la recolección, separación y reutilización de desechos, para así buscar un mediano sustento para su familia; es de anotar que esta labor siempre ha sido tratada con despotismo por parte de la sociedad, solo hasta el año 2005 la ciudad trató de reconocerles su estatus de trabajo, un poco más digno.
Para buscar un reconocimiento y reivindicación a su labor, hoy algunos de ellos se han agrupado en organizaciones que los representan ente la Administración Pública y la comunidad en general. Así las cosas, contamos con agremiaciones que los representan no solo a nivel de la ciudad, sino metropolitano, departamental y nacional.
Entre estas agremiaciones podemos citar ASEMAR, entidad que trabaja con sentido social y sin apoyo gubernamental, cuenta con 851 recuperadores; RECIMED organización conformada con dineros de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene a su haber 1050 recuperadores; CORPOAMBIENTAL, auspiciada por el Área Metropolitana, representando a 1200 recuperadores que a su vez están conformados en organizaciones de primer nivel, se encuentran a lo a largo y ancho de los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburra.
Hoy los recuperadores se sienten amenazados por la intransigencia gubernamental y nacional, que al expedir la ley 1289 de diciembre de 2009 les impide ejercer su labor de recuperadores, hasta amenazarlos con sanciones carcelarias, dando con esta Ley prioridad a la empresa privada en cabeza de ECOEFICIENCIA, entidad cuyos propietarios son los hijos del ex presidente de Colombia, es de anotar que ellos trabajan en las zonas aduaneras, lo que les permite no pagar impuestos ni arrendamientos.
Los 4800 recuperadores no solo son desplazados, sino que hacen parte de núcleos familiares de cinco personas en promedio, es decir, que de esta labor subsisten unas 24.000 personas diariamente. Para ello, reclaman ante la Administración cubrimiento en salud, educación, vivienda, bienestar social y cultural.
Esperamos que la nueva Ley de Víctimas sea una realidad para que muchos de ellos regresen a su sitio de origen.
ANTONIO LÓPEZ
Medellín
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